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Orden de captura y alerta judicial: cómo verificar un vehículo

¿Por qué es importante revisar órdenes de captura y alertas judiciales?

Antes de cerrar el traspaso de un carro o una moto usada, el comprador debe confirmar que el vehículo no tenga restricciones legales que impidan la trámite o que puedan generar multas posteriores. Una orden de captura o una alerta judicial son señales de que el bien está involucrado en procesos penales o civiles, y pueden bloquear el registro en el RUNT.

¿Qué es una orden de captura?

Una orden de captura es un mandato emitido por un juez o por la Fiscalía que autoriza la detención de una persona y, en algunos casos, la retención de sus bienes, entre ellos los vehículos. Cuando el bien está registrado a nombre del propietario buscado, el organismo de tránsito (por ejemplo, la Secretaría de Tránsito de cada departamento) puede suspender la transferencia hasta que se aclare la situación.

¿Qué es una alerta judicial?

La alerta judicial es un aviso que aparece en las bases de datos del SIMIT y del RUNT cuando un vehículo está involucrado en procesos civiles, como embargos, demandas de indemnización o juicios de familia. La alerta no implica captura, pero sí indica que el bien está sujeto a un trámite judicial que puede impedir el tránsito del título de propiedad.

Fuentes oficiales para consultar

Los datos oficiales se encuentran en los siguientes sistemas:

Pasos para verificar una placa

  1. Reúne la información básica: número de placa, número de identificación del vehículo (VIN) y, si es posible, el número de documento del propietario actual.
  2. Accede al RUNT a través de la página oficial del Ministerio de Transporte o mediante un punto de atención autorizado. Busca la placa y revisa la sección “Situación legal”.
  3. Consulta el SIMIT ingresando la placa. Verifica si aparecen multas, comparendos o la etiqueta “Alerta Judicial”.
  4. Revisa la base de la Fiscalía (FASECOLDA) mediante la página de la Fiscalía General de la Nación. Busca por número de placa o por número de documento del propietario.
  5. Confirma la revisión técnico‑mecánica y el SOAT vigente. Aunque no están directamente ligados a una orden de captura, su ausencia puede indicar problemas de registro.
  6. Documenta los resultados: guarda capturas de pantalla o imprime los reportes para presentarlos al notario o al agente de tránsito durante el traspaso.

Qué hacer si encuentras una orden o alerta

Si la consulta revela una orden de captura, el vehículo no puede ser transferido hasta que el proceso penal concluya o se levante la medida. En caso de alerta judicial, el comprador debe solicitar al vendedor la documentación que acredite la solución del proceso (sentencia, pago de embargo, etc.). En ambos casos, es recomendable contar con el acompañamiento de un abogado especializado en derecho de tránsito o civil.

Errores comunes al consultar

Recomendación final

Realizar estas consultas antes de firmar el contrato de compraventa reduce el riesgo de que el vehículo quede inmovilizado por un proceso judicial. Además, contar con la información completa facilita el trámite ante el organismo de tránsito y evita sorpresas en la inspección de la revisión técnico‑mecánica.

Te invitamos a revisar la placa en co.zerosusto.com para obtener un reporte consolidado de RUNT, SIMIT y FASECOLDA antes de cerrar cualquier acuerdo.

Preguntas frecuentes

¿Cómo sé si una placa tiene orden de captura?

Ingresa la placa en el portal de la Fiscalía (FASECOLDA) o en la sección de “Situación legal” del RUNT. Si aparece una orden, el sistema mostrará el estado “Orden de captura” y el número de expediente.

¿Qué diferencia hay entre alerta judicial y orden de captura?

La orden de captura es un mandato penal que puede impedir la transferencia del vehículo. La alerta judicial es un aviso de procesos civiles (embargo, demanda) que también bloquea el traspaso, pero no implica detención.

¿Qué documentos debo solicitar al vendedor si aparece una alerta en el SIMIT?

Pide la sentencia o el documento de levantamiento del embargo, el certificado de libertad de gravamen y una constancia de pago de la multa o proceso judicial que generó la alerta.

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